El Congreso pide al Gobierno que cambie la polémica definición de productor independiente sin el apoyo de PP, Vox y Cs

   MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El pleno del Congreso ha aprobado este jueves una moción consecuencia de interplación por la que pide al Gobierno realice las modificaciones legales oportunas para que la definición de producción audiovisual independiente se restrinja «verdaderamente» a los productores independientes. La iniciativa es una transaccional pactada por PSOE, Podemos y ERC a una propuesta original de los republicanos, a la que se han opuesto PP, Ciudadanos y UPN, mientras que Vox se ha abstenido.

   La Cámara Baja señala además que la futura Ley del Cine se ajustará a dicha definición. De este modo, se reclama al Ejecutivo modificar la polémica definición de productor independiente introducida por los socialistas en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

   La iniciativa inicial de los republicanos pedía que el cambio en la definición se realizase en un plazo de tres meses, pero finalmente este plazo se ha eliminado de la propuesta conjunta.

   La enmienda que el PSOE introdujo en la Ley Audiovisual, que salió adelante en el Congreso gracias a la abstención en el último minuto del grupo popular, no contaba con el beneplácito de su socio de Gobierno, Podemos, que se abstuvo en la votación de la ley después de que la Cámara Baja rechazase otra enmienda para modificar la definición planteada por el PSOE, que también motivó el rechazo de los independentistas al conjunto del texto.

   Las asociaciones de productores de cine y audiovisual habían pedido a los distintos grupos políticos que votaran «en conciencia» y rechazaran el texto, al entender que la enmienda del PSOE era de consecuencias «devastadoras» para el sector, pero finalmente el texto salió adelante también en el Senado gracias al apoyo de PNV y la abstención del PP y con el rechazo de nuevo de los independentistas.

   Para los productores independientes, la definición actualmente vigente modifica la obligación general de no vinculación con un prestador, al limitar dicha obligación de no vinculación, exclusivamente, respecto del prestador con el que se contrata, lo que permite «que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual«.

   Según advirtieron en su día, de este modo las productoras vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación, tendrán la consideración de independientes cuando produzcan para otros proveedores de servicios de comunicación «compitiendo de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes».

   Pese a que durante la tramitación parlamentaria de la Ley audiovisual el PSOE no quiso modificar esta definición, los socialistas sí parecen dispuestos ahora a cambiarla y a que así conste en la futura Ley del Cine, una norma que el presidente del Gobierno ha anunciado que tiene previsto sacar adelante en este curso parlamentario.

   En todo caso, esta postura ya había sido adelantada el pasado verano por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, al asegurar que Ley del Cine recogerá una definición de productor independiente «más restrictiva» y «rigurosa» que la que, finalmente, se ha introducido en la Ley General Audiovisual y que ha cosechado el rechazo de buena parte del sector del cine y el audiovisual español.

   Por otro lado, la enmienda transaccional pactada este martes por PSOE, Podemos y ERC y aprobada este jueves en el pleno del Congreso, pide al Gobierno avanzar en el desarrollo del plan de apoyo a la producción audiovisual independiente impulsado por el Gobierno de España y diseñado conjuntamente con todos los actores implicados. Los republicanos querían incialmente que este plan estuviera en un plazo de tres meses.

   Además, reclama al Ejecutivo que avance en el desarrollo legislativo de las políticas, para favorecer la presencia de obras de lenguas oficiales reconocidas estatutariamente y aquellas que gocen de protección legislativa en sus respectivas comunidades autónomas en el sector audiovisual. No se especifica, sin embargo, como pedía ERC, que se tendrá que garantizar su incorporación en los catálogos de producción de las grandes plataformas de streaming.

   Finalmente, en el acuerdo se hace una petición que no aparecía en la iniciatvia original para que el Gobierno colabore con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la elaboración de un informe anual sobre la representación de las mujeres en los programas y contenidos audiovisuales y presentar un Plan trienal de ordenación e impulso del sector audiovisual que, entre otros objetivos, fomente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el sector audiovisual mediante acciones de apoyo a la formación y promoción profesional de las mujeres y de difusión de las obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.

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